La inserción laboral de los jóvenes en España se ha convertido en un círculo vicioso del que resulta cada vez más difícil escapar. La exigencia de varios años de experiencia para puestos básicos, incluso temporales, se ha normalizado hasta lo absurdo. Un ejemplo habitual son las ofertas que solicitan 2 años de experiencia para trabajar 1 mes como dependiente. 

Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, refleja un problema estructural del mercado laboral. Un estudio publicado en 2016 por ORH ya señalaba que el 75% de las ofertas en España pedián una media de 3 o más años. Incluso para puestos sin una cualificación especializada. Una tendencia que no ha hecho más que consolidarse. 

España se sitúa entre los países europeos con el porcentaje más alto de paro juvenil. En octubre de 2025, la tasa alcanzaba un 25%. Aunque ha experimentado una ligera mejora respecto a años mejores.

El impacto sobre las nuevas generaciones es evidente. La tasa de paro entre menores de 25 años alcanza hoy el 24,28%, más de 3 veces la de los mayores de 25 años, situada en un 7%. La posibilidad de adquirir experiencia real se ve bloqueada pues, se exige precisamente aquello que no se puede conseguir sin una primera oportunidad. Esta brecha lastra la movilidad social, retrasa la emancipación y alimenta un sentimiento creciente de frustración entre los jóvenes españoles. 

La precariedad derivada de está situación está distorsionando el propio comportamiento laboral de la población activa. Un informe de InfoJobs señala que el 51% de las empresas localiza a un candidato que ha mentido en su currículum. La presión por cumplir requisitos irreales, unida al miedo a la exclusión, empuja a miles de personas a aparentar méritos para no quedar fuera de procesos que en muchos casos exigen más de lo razonable. El problema no es tanto la falta de talento como la falta de oportunidades. 

A esto se suma algo más preocupante. La normalización de trabajos y pagos que no se declaran. 1 de cada 4 españoles aceptaría cobrar parte de su sueldo sin estar declarado en el contrato. Y 1 de cada 10 reconoce haberlo hecho en los últimos años. 

Se concentra, sobre todo, entre jóvenes menores de 35 años, personas desempleadas o quienes ganan menos de 1.000€. Es decir, entre los colectivos más afectados por la falta de oportunidades y la pérdida de poder adquisitivo. Además, el 10% de los trabajadores necesita tener 2 o más empleos para poder llegar a fin de mes. 

Todo esto dibuja un panorama laboral que claramente no funciona. Las empresas no pueden seguir exigiendo experiencia para puestos en los que las habilidades se aprenden en días. Y la administración tampoco puede mirar hacia otro lado mientras tantos jóvenes encadenan rechazos o acaban aceptando condiciones poco transparentes para sobrevivir. 

España necesita un mercado laboral que dé primeras oportunidades reales. Que entiendan que nadie nace con experiencia. Que valore el potencial, no solo lo que se ha hecho. Porque si seguimos pidiendo a los jóvenes lo que no han tenido oportunidad de conseguir, solo conseguiremos que pierdan motivación, confianza y finalmente, el futuro que intentan construir.